Alejandro Cacace: “Claramente vivimos en un Estado que no es transparente”

Diputados de la provincia recibieron este martes al contador General, Daniel Marone, de cara a un pedido de informe (que fue aprobado a fines de julio por 29 votos positivos contra 6 negativos, estos últimos del bloque Unidad Justicialista) sobre las Cuentas de Inversión que fue requerido por la comisión de Finanzas, Obra Pública y Economía.

La solicitud hacía hincapié en un total de 11 interrogantes que buscaban conocer todos los aspectos financieros y económicos de la provincia.

Ya en abril de este año se había tratado en la Cámara Baja, a instancias del bloque San Luis Unido, un pedido de informe para que el ministerio de Hacienda respondiera sobre el estado de las cuentas fiscales.

Por entonces el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, había dejado al descubierto en su informe anual los números oficiales. La repercusión fue tal que la ministra Natalia Zabala Chacur tuvo que salir a responderle sin mostrar datos.

Ahora y de cara a la respuesta de Marone, el diputado y presidente del interbloque de la oposición, Alejandro Cacace, alertó sobre diversas imprecisiones a la hora de un análisis profundo.

“Creemos que hay una rendición obscura de la Cuenta de Inversión porque según reconoció el propio contador, se incumple con la Ley Permanente de Presupuesto, que establece que la mitad de gastos deben ser de capital, eso claramente no se cumple”, señaló.

Cacace apuntó que hay gastos que “se están maquillando como de capital”. También aseguró que la coparticipación a los municipios siempre se había contabilizado como “corriente” y ahora se concretó a modo “de capital”.

Por otra parte explicó que en la respuesta de Marone se percibe una “mecánica de contratación” que les permite obviar la rendición de cuentas de lo que se gasta y los beneficiarios.

“Todo lo terceriza a través de la Sapem de consultoría. Por ejemplo, se han gastado $415 millones en medios de comunicación y dicen que es una factura con la Sapem; no sabemos a qué medios se han destinado”, graficó.

Además puntualizó sobre la cifra de $125 millones en gastos reservados del gobernador Alberto Rodríguez Saá. No pudieron obtener referencias de este concepto y la única respuesta que consiguieron fue que “la ley permite no rendirlos”.

“No es casualidad, por eso San Luis está ultimo entre las provincias en transparencia presupuestaria”, aseveró.

Otro de los ítems que cuestionó fue el número total de empleados públicos. De acuerdo a las declaraciones de Cacace se había establecido un tope de “24 mil” trabajadores estatales en el Presupuesto, pero no informaron cuál es la cantidad real existente.

“A nuestro juicio eso es lo más importante a saber para conocer si se cumplió con lo que aprobamos”, dijo.

Obra pública

El diputado describió que “no se ha ejecutado la obra pública”. Según precisó de $6.500 millones que estaban presupuestado, sólo se ejecutaron 2 mil millones; de igual modo explicó que el contador admitió que vinieron 600 millones para el Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) y “apenas se ejecutaron 184 (millones)”.

“Según asevera Marone, el resto está en las cuentas del Estado. La pregunta política es por qué no ejecutó la plata para vivienda, en vez de acumularla en el banco”, expresó.

“Esa es la discusión política que debemos hacer, respecto de una ejecución presupuestaria que no refleja lo que aprobamos en la Legislatura, incumple la Ley Permanente de Presupuesto y sobre todo incumple el presupuesto mismo”, añadió.

Cacace consideró que “claramente vivimos en un Estado que no es transparente”, ya que los datos proporcionados permiten corroborar que el Gobierno hace contrataciones a través de la Sapem “para que no conozcamos el destino y los beneficiarios reales de la contratación”.

“En La Pedrera también hubo un gasto para la puesta en marcha, pero tampoco sabemos quiénes son los beneficiarios. Hay una cantidad de contrataciones que pedimos, los contratos, y lo que se nos respondió fue el dinero que se dio a la Sapem”, concluyó.